Los colegios exigirán en la matriculación la firma de los dos padres si están separados

Catalá reclama al ministerio que financie la nueva FP básica para poder «implantarla con garantías» v. b. 21.02.2014 | 12:13 Las instrucciones de la matrícula para el curso que viene incluirán nuevas medidas de protección a los menores en el caso de que los padres estén separados. Educación quiere evitar situaciones conflictivas de estos padres con los centros y ha consensuado medidas reclamadas por las entidades que promueven la custodia compartida. Se exigirá la firma de ambos para matricular al hijo cuando no convivan y quieran cambiarle de centro, y en la solicitud de admisión preguntará sobre la situación familiar de los alumnos para que los directores de los colegios actúen en consonancia sobre su escolarización, la recogida del colegio, la participación de los padres o la información académica y la difusión de material audiovisual. Educación también remitirá a los centros públicos la manera de proceder teniendo en cuenta los derechos y deberes que asisten a los padres en función de si tienen o no la patria potestad. «Con estas instrucciones damos un salto cualitativo porque somos pioneros», dijo la consellera Catalá. En el caso de que el colegio deba tomar una decisión educativa con respecto a un menor y constate un desacuerdo manifiesto entre los padres, deberá remitirlos a la autoridad judicial y poner los hechos en conocimiento del Ministerio fiscal si considera que existe un riesgo para la vida, la integridad, salud, dignidad o libertad del menor o que la situación es gravemente perjudicial o dañosa para el hijo. En cuanto a la recogida del centro, el menor se entregará indistintamente al padre, la madre o un tutor si así lo solicitan, salvo limitación de la patria potestad y sin perjuicio de que puedan autorizar por escrito a una tercera persona para que lo recoja en su nombre. Si ambos progenitores tienen la patria potestad pero no conviven, el centro duplicará la información de las calificaciones del alumno para entregarlas a ambos, pero no si hay privación de la patria potestad o algún tipo de medida penal a alguno de los progenitores. También deberá impedirles comunicación alguna con el menor mientras esté bajo su custodia. Básico

La sobrecarga judicial demora un año el informe para lograr custodia compartida

En los partidos judiciales de las comarcas denuncian abusos de hasta 1.800 ? por el documento psicosocial 06.02.2014 | 23:05 PACO CERDÀ VALENCIA Lo denunció el colegio de abogados y ahora asume la queja la sala de gobierno del TSJ: la falta de medios y la sobrecarga de trabajo en los juzgados de Valencia está provocando la demora de un año en ocasiones más para conseguir el informe psicosocial: el documento necesario que han de presentar las familias para que un juez establezca la custodia compartida de los hijos ante un matrimonio que se divorcia. Sin esa prueba pericial no hay custodia compartida y los jueces actúan de forma expeditiva ante un divorcio con hijos: entregan la guarda y custodia a la madre, por regla general, y dejan al padre sin los críos. Cuando al cabo de un año disponga del informe psicosocial, el magistrado ya verá si han de cambiar las medidas provisionales. Porque la prueba psicosocial es la pericia independiente que ha de ayudar a resolver la idoneidad o no de un progenitor para optar a la custodia compartida. Sólo cinco psicólogos y dos asistentes sociales con un administrativo de apoyo atienden todas las peticiones de informes psicosociales de los cuatro juzgados de familia, los cuatro juzgados de Violencia contra la Mujer, los juzgados de menores, los de incapacidad y la sección décima de la Audiencia Provincial, según denuncia José Soriano, abogado experto en cuestiones de familia y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia. Desde noviembre de 2011, cuando se desbloqueó la ley valenciana de custodia compartida, los retrasos son la nota dominante en estos procesos. «El problema de estas demoras analiza José Soriano es que monoparentaliza los casos cuando se rompe la pareja: los hijos se quedan con uno o con otro de entrada. Generalmente, con la madre». Los grandes perjudicados, pues, son los padres varones. Los abogados que representan a las madres, en cambio, salen ganando. «La Conselleria de Justicia añade Soriano no aporta medios necesarios para agilizar estas pruebas», que son de carácter gratuito. Éste problema de los retrasos se ciñe a la ciudad de Valencia. En el resto de comarcas, el inconveniente es distinto. En los municipios de los otros partidos judiciales se designa por sorteo al psicólogo que elaborará el informe psicosocial. Al contrario que en Valencia, en los pueblos el informe no es gratis.